El abuso sexual de ancianos y pacientes vulnerables es un escándalo que va a estallar.

 

El ABUSO es frecuente en residencias, instituciones para la salud mental y en los hogares en donde las personas vulnerables requieren atención y ayuda.

Las mujeres vulnerables no tienen la más mínima oportunidad en un sistema que posibilita depredadores y mira hacia otro lado.

El problema de hombres que utilizan las carreras de cuidados para acceder y violar a mujeres vulnerables está tan extendido, que el gobierno de Westminster lo reconoce específicamente en la legislación sobre delitos sexuales.

En los artículos 38 a 41 de la Ley de delitos sexuales de 2003 se define como ilegal que un cuidador participe en actividades sexuales con una persona que tenga un trastorno mental, que incite a una persona con un trastorno mental a participar en actividades sexuales o que haga que una persona con un trastorno mental vea un acto sexual. La penetración de una mujer con un trastorno mental, en su vagina, boca o ano, con el pene del cuidador conlleva una pena de prisión de 14 años tras la condena.

Continuar con la práctica de permitir a cuidadores masculinos el acceso sin supervisión a pacientes femeninas es cerrar los ojos deliberadamente a la evidencia de un patrón de riesgo. No todos los hombres, pero uno es suficiente, y debemos proteger a las mujeres vulnerables. La alternativa es decir que el posible abuso sexual de las mujeres es aceptable para aplacar los sentimientos de los hombres.

Las estadísticas del Gobierno muestran que los hombres cometen el 98% de todos los delitos sexuales. Las cifras del gobierno para los tres años que finalizaron en marzo de 2018 sugieren que «el 3,7 por ciento de los adultos discapacitados de 16 a 59 años experimentaron alguna agresión sexual (incluidos los intentos), en comparación con el 1,9 por ciento de los adultos no discapacitados».

El gobierno extrapoló de estos datos que «en los tres años que terminaron en marzo de 2018, las mujeres discapacitadas tenían casi el doble de probabilidades de haber sufrido alguna agresión sexual en el último año (5,7 por ciento) que las mujeres no discapacitadas (3,0 por ciento)».

Otro estudio realizado en Australia reveló que hasta el 62% de las mujeres con discapacidad menores de 50 años habían sufrido violencia desde los 15 años, y las mujeres con discapacidad habían sufrido violencia sexual a una tasa tres veces mayor que la de las personas sin discapacidad.

Basándose en la investigación académica, The People’s Law School, con sede en Vancouver, advierte que «la mayoría de las personas con discapacidades experimentarán alguna forma de agresión o abuso sexual» y que «las personas que tienen algún nivel de discapacidad intelectual corren un mayor riesgo de abuso».

El abuso no se denuncia lo suficiente y solo los peores casos tienden a llamar la atención. Las personas con discapacidad a menudo se ven obligadas a vivir en instituciones alejadas del escrutinio público sin acceso a la policía, servicios de apoyo o defensores. Estas instituciones privadas ponen los beneficios económicos por encima de las personas y están incentivadas financieramente para encubrir el abuso.

Las estadísticas solo arañan la superficie, ya que sabemos que gran parte del abuso sexual está oculto y los hombres a menudo escogen a víctimas que no hablan o que, si lo hacen, no serán creídas.

Lo que es más, si necesitas la ayuda de un cuidador para comunicarte o hacer una cita con la policía, ¿crees que el cuidador que te está violando te va a ayudará con eso?

A veces, los hombres abusan de mujeres moribundas que están incapacitadas por el uso de medicamentos paliativos y las familias están demasiado traumatizadas para denunciar los incidentes.

Los embarazos en mujeres incapacitadas o con discapacidad intelectual sacan a la luz gran parte del abuso oculto y hacen que el problema sea innegable.

En febrero de 2020, Edson Munyikwa fue sentenciado a 15 años de cárcel por violar y dejar embarazada a una mujer con una discapacitad grave a la que estaba ayudando a cuidar.

La mujer no puede comunicarse verbalmente y tiene la edad mental de una niña pequeña. Sufre una serie de discapacidades graves, incluyendo daño cerebral, epilepsia y autismo.

Un trabajador de la residencia le analizó la sangre para tratar de determinar por qué sus ataques epilépticos estaban aumentando y descubrió que estaba embarazada.

Luego tuvo que someterse a un aborto, y la prueba de ADN del feto demostró que Munyikwa era el padre.

En un comunicado, su familia dijo que fue atacada debido a su vulnerabilidad y su incapacidad para comunicarse.

«Nos resulta cada vez más difícil aceptar el hecho de que otro organismo profesional haya causado una angustia indescriptible a una joven vulnerable», dijeron.

Sin embargo, las familias no deberían tener que solicitar atención segregada por sexo para mujeres vulnerables, debería ser estándar.

Si los que están en el poder se preocuparan por las mujeres discapacitadas, este no sería un problema repetido y continuo. Tratarlo como un problema de «solo unas cuantas manzanas podridas» es ignorar el patrón y el problema.

Con demasiada frecuencia, los ayuntamientos ignoran las solicitudes de atención solo de mujeres de las familias y están dispuestos a poner a las mujeres vulnerables en residencias calificadas de «inadecuadas».

En uno de esos casos en Birmingham en 2019, Dorothy Close, de 90 años, que sufría de Parkinson, fue trasladada a la residencia Ivy House en contra de los deseos de su familia porque el ayuntamiento y el personal del hospital del NHS querían dejar libre su cama de hospital.

A los pocos días de llegar, se empezó a mostrar nerviosa y reveló que un cuidador estaba abusando sexualmente de ella.

Se llamó a la policía para que investigaran, pero no había pruebas suficientes para poner una denuncia, y el departamento del NHS involucrado cerró su propia investigación.

Holly, la nieta de Dorothy, afirma que «después de denunciar el incidente, el hogar de ancianos y el ayuntamiento no hicieron casi nada. Al poco del incidente, no pasó absolutamente nada», dijo.

«Informamos al equipo de trabajo social que aconsejó a la residencia que suspendiera al personal. Lo que realmente hicieron fue trasladarlos a otra unidad dentro de la misma residencia para que no tuvieran contacto con mi abuela. [Pero] Yo… descubrí cuando fui a visitar a mi abuela al día siguiente que los mismos trabajadores estaban de hecho de guardia con ella».

A pesar de que la familia de Dorothy luchó por ella y posteriormente por los otros residentes, «el ayuntamiento decidió cerrar la investigación de salvaguardia y dijo que Ivy House debería considerar como parte de su plan de mejora lo que debería hacer cuando un residente no quiera cuidadores masculinos para el cuidado personal.

«Un encargado del ayuntamiento dijo que no había evidencia que confirmara que el abuso tuvo lugar, por lo que no pudo determinar que los cuidadores masculinos fueran un riesgo para nadie más».

Este es un ciclo común de justificación para ignorar el abuso de los vulnerables y discapacitados. Los violadores escogen a los más vulnerables a quienes ni se escucha ni se cree, dejan pocas pruebas físicas, y las que dejan no se recogen, la policía se niega a continuar con la investigación, el caso se cierra y el violador se cambia a una nueva residencia para seguir abusando.

La falta de condenas se usa después para argumentar que los cuidadores masculinos no representan ningún riesgo para las pacientes o residentes femeninas.

La violación y el abuso sexual de pacientes vulnerables que reciben cuidados son frecuentes. Entre marzo y mayo de 2018, cientos de ancianos y residentes vulnerables con ayuda social han sido presuntamente agredidos sexualmente en solo tres meses, reveló un informe impactante del regulador de asistencia sanitaria.

Según la Comisión de Calidad de la Atención (CQC), hubo 899 incidentes sexuales denunciados por hogares de atención social entre marzo y mayo de 2018. Casi la mitad fueron categorizados como agresión sexual.

En septiembre de 2018, Mark Cox fue sentenciado a cinco meses de cárcel por intentar masturbarse sobre una anciana que vivía en un centro de atención debido a su demencia.

Una cuidadora, que sospechó algo al ver a Cox entrar en la habitación de la paciente tan tarde, lo interrumpió cuando tenía el pene en la mano y le había subido el camisón a la víctima por encima del pañal y desabrochado las dos correas que lo mantienen en su lugar para exponer los genitales de la mujer. Su testimonio hizo que Cox fuera condenado.

Además de otros miembros del personal que informan sobre el abuso de pacientes, las cámaras ocultas están permitiendo detectar y probar más agresiones. Por ejemplo, en noviembre de 2020, Benjamin Poole fue grabado cuando asaltaba a una mujer de unos veinte años en una residencia mientras tenía un ataque epiléptico en una cámara oculta que ella misma había instalado.

Había instalado la cámara oculta porque se despertaba por los ataques epilépticos y recordaba haber sido tocada sexualmente.

Después de uno de esos ataques, «cuando cesaron las convulsiones, vio las imágenes de la cámara en el teléfono y se horrorizó al ver a Poole cometiendo una serie de agresiones sexuales contra ella durante un período de 23 minutos mientras estaba sufriendo el ataque epiléptico».

Poole fue condenado a seis años de cárcel. En 2021, Dylan Birkett, de 21 años, que trabajaba en un hogar de ancianos de Cumbria, fue sentenciado a dos años de cárcel después de haber sido pillado por una cámara oculta agrediendo sexualmente a una residente vulnerable con demencia el día de Navidad.

Había estado abusando física y sexualmente de la mujer de 69 años. El marido de la víctima instaló la cámara oculta en un intento de entender por qué su mujer se mostraba frecuentemente agitada y angustiada.

Se necesita muy poca formación y cualificaciones para convertirse en ayudante de cuidador en una residencia, lo que facilita el acceso a los vulnerables.

Los bajos salarios, el bajo estatus y las difíciles condiciones de trabajo significan que el sector de la atención no puede ni atraer ni retener al personal de atención especializado.

Se está formando un ambiente de intimidación a medida que el personal se va sintiendo desmoralizado. La falta crónica de personal está poniendo a los pacientes en riesgo de abuso. La industria ha estado en crisis durante años, de hecho desde que se convirtió en una industria a través de la privatización.

Nada de lo que estoy diciendo es nuevo.

«Cualquiera que se moleste en investigarlo no puede evitar darse cuenta de que el abuso sexual de personas mayores en residencias es terriblemente frecuente», dijo Ginny Jenkin, directora de Action for Elder Abuse, cuya línea telefónica de ayuda ha recibido alrededor de 160 llamadas de familias desesperadas y de residencias desde 1997 sobre abuso sexual extremo en hogares, una cifra que, según ella, está muy por debajo del verdadero nivel de abuso que tiene lugar.

Como Jenkin declaró: «A la gente le resulta difícil entender por qué alguien quiere abusar de una persona mayor, pero los que sufren de cierta fragilidad mental y física son la víctima perfecta: no pueden defenderse, no pueden escapar, y si pueden comunicarse, probablemente no se les crea. ¿Qué más quiere un abusador?»

Ya en 2001, Jackie Pritchard, especialista en este tipo de abuso, «llevaba luchando contra el escepticismo y la apatía durante más de 15 años».

«Este tipo de abuso es endémico en todas, menos las mejores residencias», dijo. «Todo el espectro de abusos, desde tocamientos inapropiados hasta violaciones, tiene lugar exactamente de la misma manera que el abuso infantil tuvo lugar en tiempos pasados: la misma elección de instituciones, el mismo grooming de las víctimas particularmente vulnerables y los mismos patrones de movilidad y planificación de los abusadores.

«Es un escándalo enorme que va a acabar estallando. Todo lo que necesitamos es la financiación del gobierno para demostrar que es tan malo como ya sabemos que es».

El abuso sexual de estas mujeres, y a veces de hombres vulnerables, solo está recibiendo atención y se aborda cuando los miembros de la familia luchan por ellas o las buenas personas en el sector de la atención lo denuncian.

Imagínate a todas las mujeres vulnerables que no tienen familiares que las defiendan, o todas las violaciones y agresiones sexuales que no acaban en un embarazo que proporcione evidencia clara de un delito.

Todos los incidentes que no han sido interrumpidos por una buena cuidadora que sospechaba de su colega. Todo el abuso que no se graba en cámaras ocultas.

Los violadores, si se levantan sospechas, a menudo no son condenados y simplemente se van a otra residencia para continuar el abuso. El problema se cambia de sitio y nunca se aborda.

Un miembro del CQC declaró públicamente que no le parecía que el abuso sexual de residentes vulnerables fuera lo suficientemente grave como para llevarlo a los tribunales. Sin un cambio en la cultura, en las políticas y la supervisión adecuada del CQC, los buenos cuidadores, las enfermeras, los médicos y las familias de adultos vulnerables y discapacitados están luchando cuesta arriba y perdiendo la batalla.

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