Sarah Phillimore, abogada inglesa y activista por los derechos de la mujer, amenaza con desafiar la nueva legislación retuiteando la sentencia sobre comentarios supuestamente transfóbicos.
Una abogada inglesa desafiará el «intento de vigilar el mundo» del gobierno escocés al burlarse de la Ley de Delitos de Odio y Orden Público (Escocia) cuando entre en vigor el lunes.
Sarah Phillimore, abogada especializada en protección de menores y defensora de los derechos de las mujeres por razón de sexo, ridiculizó la «descabellada» nueva legislación escocesa, que podría tener poderes extraterritoriales para perseguir delitos percibidos como incitación al odio.
«No se trata sólo de que sea una ley realmente mala, sino del hecho de que somos dos países que están uno al lado del otro, y luego está Internet», dijo Phillimore, que tiene oficinas en Londres y Bristol.
«¿Qué se cree Escocia que va a hacer? ¿Controlar el mundo? Me asombró descubrir que si algo se lee en Escocia, se considera publicado en Escocia. La gente va a ir a por todas el 1 de abril y va a invitar activamente a la policía a extraditarnos, con la esperanza de saturar el sistema y demostrar lo ridículo que es esto».
Phillimore es cofundadora de Fair Cop, un grupo que hace campaña contra «los intentos de la policía de criminalizar a la gente por expresar opiniones que no contravienen ley alguna».
Los temores expresados por Fair Cop surgieron la semana pasada tras conocerse que la policía había registrado una publicación en las redes sociales de Murdo Fraser, diputado conservador escocés, como un incidente de odio no delictivo, una acción que él describió como «desproporcionada, discriminatoria, intrusiva, irracional y, además, ilegal».
Fraser fue denunciado por un miembro del público en noviembre por compartir un post en Twitter/X en el que criticaba el «plan de acción no binario» del gobierno escocés y afirmaba que «elegir identificarse como no binario es tan válido como elegir identificarse como gato».
No lo registraron a él como autor del tuit, pero aparece en los archivos del denunciante (o «víctima», según las directrices de la Policía de Escocia, Police Scotland) en una base de datos de personas vulnerables.
Conocida como base de datos provisional de personas vulnerables (iVPD), contiene los expedientes de más de 850.000 individuos, lo que equivale a uno de cada seis habitantes de Escocia.
Incluye información sobre personas que «sufren algún tipo de adversidad», así como sobre personas relacionadas con ellas -aproximadamente la mitad del total-, incluidos progenitores, parejas, cuidadores y, en algunos casos, presuntos autores de delitos de odio. La mayoría de las personas mencionadas no saben que figuran en la base de datos.
La preocupación se debe a que el programa de divulgación reforzada de la Policía de Escocia permite a los posibles empleadores solicitar información sobre los antecedentes penales de cualquier persona. Esto puede incluir condenas que no hay que declarar, condenas pertinentes que hay que declarar, información del registro de delincuentes sexuales y otra información pertinente en poder de la policía. Esta última categoría incluiría incidentes de odio no delictivos.
El nombre de Phillimore podría acabar en iVPD si cumple su amenaza de retuitear los detalles de una decisión adoptada la semana pasada por el Bar Standards Board, el organismo regulador de la abogacía en Inglaterra y Gales, que decidió no tomar medidas contra ella por una serie de tuits supuestamente transfóbicos.
Un miembro del público se quejó de que la abogada había «deliberadamente malgenerizado» a Victoria McCloud, el primer juez travesti (transgénero, en el original) de Gran Bretaña.
La Junta dijo que no tomaría partido en el debate de género. Dijo: «Reconocemos que tanto las opiniones críticas con el género como la creencia de que una persona puede cambiar de sexo o género pueden constituir creencias filosóficas protegidas por la Ley de Igualdad de 2010».
A very interesting dissonance is brewing. My regulator confirms it is not a regulatory matter if I refer to male persons as ‘he’, noting that Article 10 requires a high degree of protection.
And yet @policescotland will think differently?
We shall see. One might think we all… pic.twitter.com/sH6XQEESJp
— Sarah Phillimore (@SVPhillimore) March 26, 2024
«Se está gestando una disonancia muy interesante. Mi regulador confirma que no es un asunto regulatorio que me refiera a las personas de sexo masculino con pronombres masculinos, señalando que el artículo 10 exige un alto grado de protección.
¿Y sin embargo @policescotland no va a estar de acuerdo?
Ya veremos. Cabría esperar que todos tengamos cosas más importantes que hacer.»
Aunque la Ley sobre Delitos de Odio y Orden Público (Escocia) armoniza en gran medida muchos ámbitos de la legislación escocesa con la de Inglaterra y Gales, existe la creencia de que el enfoque «dirigido a las víctimas» de la Policía de Escocia penalizará a las personas que se nieguen a aceptar opiniones como «las mujeres trans son mujeres», defendida por Stonewall, Scottish Trans y grupos de campaña cofinanciados por el gobierno escocés.
Se prevé que se multipliquen las quejas de personas ofendidas por opiniones «críticas con el género» en las redes sociales, junto con las «solicitudes de datos de acceso de sujetos», consultas de personas que creen que su nombre figura en el iVPD.
La semana pasada, la Asociación de Superintendentes de Policía de Escocia comunicó a los parlamentarios escoceses que había «suficiente rabia y bilis odiadora en Internet para tener ocupados a todos los agentes de policía de Escocia».
Estos altos cargos de la policía «lo expresaron muy bien», dijo Phillimore. «Va a molestar a todo el mundo: a la persona a la que se le puso la queja; a la persona que se ha quejado y siente que no se la toman en serio.
«Todo el mundo va a perder la confianza en la policía. Esto no es lo que se supone que deben hacer. No son los árbitros del artículo diez [de la Ley de Derechos Humanos]. Están ahí para ocuparse de la delincuencia».
Alan Speirs, jefe adjunto de la policía escocesa, dijo el jueves a los diputados que los incidentes de odio no delictivos «sólo se registrarán cuando sea necesario y proporcionado hacerlo, y cuando llevar un registro de las circunstancias del incidente responda a un objetivo policial concreto».
Haciéndose eco de Humza Yousaf (Primer Ministro de Escocia por el SNP, Partido Nacionalista Escocés), Speirs dijo que el registro de este tipo de incidentes estaba bien establecido y se había introducido en respuesta a la investigación Macpherson sobre el asesinato en 1993 de Stephen Lawrence, un adolescente negro asesinado en un ataque con motivos raciales.
Sin embargo, se determinó que las directrices nacionales anteriores se habían utilizado ilegalmente en Inglaterra para interferir en la libertad de expresión. Fue impugnada en 2020 por Harry Miller, ex agente de policía acusado de un delito de odio transfóbico por publicaciones en las redes sociales en contra de la autoidentificación de género.
Miller argumentó que la policía hacía «corta y pega» de las conclusiones de Macpherson para que encajaran en todos los escenarios y, como resultado, personas que no sentían ninguna animadversión hacia las personas que se dicen trans, pero que decían públicamente que nadie puede cambiar literalmente de sexo, eran tratadas como si estuvieran planeando actos violentos.
En aquel momento, Phillimore descubrió que a ella también la habían denunciado a la policía y que 12 páginas de sus tuits habían sido registradas como incidentes de odio no delictivos. A modo de prueba, tuiteó «a mi gato le encantan los Friskies, a lo mejor es metodista» y pidió a un amigo que la denunciara por prejuicios antirreligiosos. El tuit se añadió a su expediente.
Murray Blackburn Mackenzie, grupo de analistas de políticas, afirmó que la Policía de Escocia tenía «un umbral excepcionalmente bajo para registrar incidentes de odio no delictivos».
«Toma la palabra del denunciante al pie de la letra y establece que los agentes tienen el deber de investigar todos las denuncias», dijo el grupo en un comunicado. «Esto explica por qué la política se refiere a ‘víctimas’ y no a denunciantes. También explica por qué la Policía de Escocia registró los datos de Murdo Fraser. Que la Policía de Escocia diga a la comisión de justicia penal que ficharlo es ‘proporcionado’ contradice su propia política».
«A partir de mañana se espera que la policía utilice su criterio en relación con la nueva ley y que no ejerza ningún criterio en relación con los incidentes de odio no delictivos. La Policía de Escocia aún no ha abordado esta tensión entre la política y la ley».
La Policía de Escocia dijo: «Los incidentes de odio no se registran contra la otra parte. El registro se centra en las víctimas y el proceso forma parte de la actuación policial desde hace muchos años. Nos ayuda a controlar las tensiones en el seno de las comunidades, lo que permite dar respuestas policiales adecuadas y contribuye a fomentar la confianza de la comunidad. Estos sucesos pueden tener un impacto significativo en la gente, especialmente en aquellos que ya son vulnerables».
El cuerpo tiene «el deber de prevenir y detectar la delincuencia, así como de trabajar para mejorar el bienestar de la comunidad», añade. «[Somos] conscientes de que el College of Policing (organismo profesional para las personas que trabajan para la policía en Inglaterra y Gales) ha publicado una guía relativa a los incidentes de odio no delictivos y estamos considerando sus recomendaciones».
