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El argumento se pierde en la ridícula retórica de los «derechos de las mujeres». Siempre se perderá ahí, una y otra vez.
No deberíamos estar «defendiendo los derechos de las mujeres», que es un término vacío de significado… ¿de qué estamos hablando siquiera? ¿Del derecho a la baja por maternidad? ¿Al sufragio? ¿A tener una cuenta bancaria? ¿Algún tipo de protecciones legislativas y permisos en materia de salarios y baños? ¿De verdad alguien cree que esto va a solucionar la locura de la Teoría Queer que se ha apoderado de nuestro país?
¡No! Ya teníamos todos esos «derechos» en la ley y las nuevas leyes que concedieron «derechos» absurdos a fetichistas travestidos y a los ilusos los arruinaron. ¡No deberíamos empezar a degradarnos suplicando que nos devuelvan algunos de esos derechos!
Esta no es un asunto de «derechos» o, mejor dicho, si lo es, sólo sirve para demostrar lo estúpido que es, en general, el concepto de gobernanza basada en derechos en general, porque conduce a una proliferación de «derechos» concedidos a estatus cada vez más absurdos que compiten entre sí y nos enfrentan unos contra otros y contra nuestro propio gobierno, es decir, contra nuestra propia democracia.
Lo que deberíamos defender es el cumplimiento de las leyes contra actos delictivos (por ejemplo, el voyeurismo en vestuarios, la incitación a la violencia, el fraude de identidad, el acoso, el comportamiento coercitivo o antisocial) para garantizar que las mujeres, y especialmente las criaturas, estén a salvo en el mundo real. Y eso debe incluir también a los niños varones.
Y deberíamos defender un sistema legal que se base únicamente en la realidad del sexo, y que permita a todo el mundo (hombres incluidos) decir la verdad sobre el sexo y tomar las decisiones necesarias basadas en él. Todo sistema legal que no se base en la realidad nos está llevando a todos al caos, no sólo a las mujeres.
Y deberíamos pedir a las autoridades, instituciones y empresas que apliquen normas sensatas sobre límites personales y códigos de vestimenta para prevenir el abuso de los vulnerables (la infancia, la tercera edad y la gente con discapacidad), discriminando activamente contra el comportamiento antisocial cuando sea necesario. Una vez más, no se trata de derechos abstractos en competencia, sino de hacer cumplir medidas de protección prácticas independientemente de las reivindicaciones de «identidad».
Nada de esto tiene que ver realmente con los «derechos de las mujeres»: se trata de que todo el mundo tenga la libertad de impedir que se cometan abusos, de poder tomar decisiones y emprender acciones que constituyan la base esencial de una sociedad civilizada, sana y segura. No porque exista un «derecho» legalmente exigible, sino porque toda persona en su sano juicio sabe que es humano y moralmente necesario para prevenir el abuso.
El lenguaje de los «derechos» se está volviendo cada vez más mezquino, miope, conflictivo y divisivo, diseñado para servir a quienes no confían en su propia democracia y autogobierno, y ahora explotado por quienes quieren combatir al establishment y destrozar la sociedad civil con fines egoístas. Y en tales circunstancias, no es de extrañar que la gente retorcida, los pervertidos y los poseídos ideológicamente nos hayan dividido y gobernado mediante su proliferación de «derechos» trans como armas legales.
Lo que tenemos que hacer es mantenernos unidos, mujeres y hombres, y hacerlo especialmente por la infancia, para hacer frente a los «derechos» espurios e injustos concedidos y reivindicados por personas que tienen graves problemas con su identidad sexual, o que quieren imponer su ideología a los demás.
Para ello, debemos librarnos de la característica protegida del «reconocimiento de género» de la Ley de Igualdad, y de la GRA (Ley de Reconocimiento de Género) y, además, de la obsesión por la gobernanza basada en los derechos, para estar libres de tener que aceptar la ridícula pretensión de «derechos» para la imitación de sexo opuesto.
¡Necesitamos menos «derechos», no más! Y necesitamos una mayor aplicación de la ley frente a los «delitos» penales y antisociales. Y necesitamos libertad de asociación, libertad de expresión y la libertad de no contratar a personas que no sean adecuadas para un puesto de trabajo determinado para lograrlo.
Derogación de la EA2010, la GRA y la HRA (Human Rights Act 1998) ya.
(Sus equivalentes en España serían: Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley 4/2023, o ley trans.
