Estamos siendo testigos de uno de los mayores escándalos del sistema sanitario sueco. Si el infierno existe, es una institución sueca donde los violadores se disfrazan de cuidadores.
En los últimos años, un número inaceptable de mujeres mayores han sido violadas en centros de atención a la tercera edad financiados con fondos públicos en Suecia. Esto ocurre de forma repetida, predecible y con pleno conocimiento de las instituciones, mientras que las autoridades fragmentan la responsabilidad y se niegan a intervenir a nivel nacional. Los municipios se escudan en los procedimientos. Los proveedores de cuidados alegan falta de personal. El Estado invoca la autonomía local. El resultado es siempre el mismo: mujeres mayores e indefensas son violadas, robadas y humilladas, mientras que el sistema permanece intacto, incluso cuando absorbe una afluencia masiva de hombres extranjeros totalmente inadecuados para el trabajo de cuidados íntimos.
Lo que hace que este abuso sea realmente espantoso es que no se produce en los márgenes de la sociedad. Tiene lugar en el corazón mismo del estado del bienestar: en los propios hogares de las mujeres, en residencias, en baños, duchas y aseos. Ocurre cuando las mujeres están frágiles, tienen deterioro cognitivo, están en silla de ruedas, gravemente enfermas o en la fase final de su vida, a menudo dependiendo por completo del personal simplemente para sobrevivir. Es imposible escapar. Sus voces son débiles o inexistentes. Y cuando la persona asignada para proporcionarles cuidados es la misma que las viola, la sociedad renuncia a su dignidad.
Imagina pasar los últimos meses de tu vida sufriendo violaciones y abusos, sin poder huir, sin que nadie te escuche, sin que nadie venga a rescatarte. Si el infierno existe, no es un lugar abstracto. Es una residencia sueca donde los violadores se disfrazan de cuidadores, operando tras uniformes y procedimientos, mientras tú estás discapacitada, indefensa y olvidada.
Desde 2021, se han denunciado a la policía sueca casi 400 violaciones de mujeres mayores de 60 años. En los casos documentados y las sentencias judiciales, hay una notable sobrerrepresentación de agresores nacidos en el extranjero, un patrón que las autoridades se han mostrado reacias a abordar abiertamente.
Esta cifra por sí sola debería haber desencadenado medidas de emergencia a nivel nacional. En cambio, se ha normalizado como ruido de fondo en un sistema que ya ha fracasado. Los profesionales del cuidado de personas mayores reconocen abiertamente que la cifra oculta es considerable, en algunos casos enorme, debido a la falta de denuncias, el deterioro cognitivo, el miedo y el silencio institucional.
El patrón se hace evidente cuando se examinan los casos. No como hechos aislados, sino como resultados conectados de la misma estructura.
En Uppsala, en 2023, una anciana conocida como Elsa, de 84 años, advirtió repetidamente a las autoridades municipales que un cuidador a domicilio se exhibía y tenía un comportamiento sexual en su casa. No se tomaron medidas decisivas. No fue destituido. Meses más tarde, Elsa denunció que el mismo hombre la había violado. Cuando el caso llegó finalmente a investigarse, se archivó por falta de pruebas. Una situación directamente relacionada con la falta de actuación de las autoridades cuando se dieron las primeras advertencias.
Este caso involucraba a un presunto criminal. El siguiente caso de Uppsala involucraba a otro diferente, pero con la misma estructura institucional:
Durante 2023-2024, otro trabajador de atención domiciliaria en Uppsala, de unos 25 años, violó y agredió sexualmente al menos a cuatro mujeres mayores de entre 77 y 88 años en sus propios hogares. Abusó de su posición de confianza y filmó partes de las agresiones. Finalmente fue condenado a ocho años de prisión, pero sólo después de que se le permitiera seguir trabajando el tiempo suficiente para crear múltiples víctimas. La supervisión falló repetidamente y a todos los niveles.
La ruptura institucional fue tan grave que, en 2024, una investigación periodística reveló la existencia de múltiples víctimas dentro del mismo sistema municipal, lo que provocó la dimisión de toda la comisión de atención a las personas mayores de Uppsala. No se trató del colapso causado por un solo individuo, sino por un sistema que concedió acceso, ignoró las advertencias y se protegió a sí mismo antes que a las mujeres vulnerables.
En octubre de 2025, en la región de Estocolmo/Södertörn, una mujer de 100 años fue violada en su propia casa por un cuidador a domicilio de unos 30 años, ciudadano iraquí, durante una visita de asistencia. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a cuatro años de prisión, se negó a clasificar el delito como agravado y rechazó deportarlo, a pesar de las solicitudes de la fiscalía. El mismo individuo fue absuelto en otra acusación de violación que involucraba a una mujer de 94 años, debido a limitaciones probatorias. Una condena. Una absolución. Dos mujeres mayores. Consecuencias limitadas.
En la provincia sueca de Värmland, en 2025, un hombre de unos 40 años fue condenado por violación agravada en un centro residencial de cuidados y sentenciado a seis años de prisión, una excepción que no hace sino poner de relieve lo poco habitual que sigue siendo dictar sentencias proporcionadas en los casos que involucran a víctimas de edad avanzada.
Más tarde, en Vännäs, en la provincia de Västerbotten, en diciembre de 2025, el sistema falló una vez más. Una anciana que vivía en un centro de cuidados fue víctima de dos delitos sexuales distintos por parte del personal en cuatro días. El 23 de diciembre, le afeitaron la zona genital contra su voluntad. El 27 de diciembre, la violaron en el baño del centro. Los sospechosos fueron apartados de sus funciones, pero siguieron cobrando su salario íntegro durante la investigación. La mujer denunció que ya no se sentía segura. El centro siguió funcionando.
Diferentes ciudades. Diferentes años. Diferentes agresores. Pero una y otra vez la misma estructura: acceso sin supervisión. Advertencias ignoradas. Denuncias tardías. Gestión interna. Pérdida de pruebas. Víctimas desprotegidas. Agresores protegidos por los procedimientos y por los directivos, que minimizan las acusaciones, contienen los escándalos y permiten que gente bajo sospecha creíble siga trabajando con mujeres mayores.
Los organismos de supervisión han confirmado lo que demuestran estos casos: el abuso sexual se produce tanto en los centros de atención domiciliaria como en los residenciales, a veces perpetrado por el personal, y los presuntos delitos se tratan con frecuencia como desviaciones administrativas en lugar de actos delictivos. Se suaviza el lenguaje. Se diluye la responsabilidad. Desaparece la urgencia.
Cuando se examinan los datos de antecedentes, surge otro patrón incómodo: el más espantoso, que las autoridades se resisten a reconocer públicamente. En los casos documentados aparece una representación significativa de agresores nacidos en el extranjero, a menudo procedentes de culturas con puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre las mujeres, la sexualidad, la autonomía corporal y el consentimiento. No se trata de especulaciones. Está documentado. Evitar el tema no protege a las mujeres vulnerables. Las expone.
Mientras tanto, la atención a las personas mayores en Suecia se ha visto cada vez más condicionada por la política de integración, la escasez de mano de obra y la negación ideológica. Año tras año se han aceptado requisitos de acceso bajos, comprobaciones de antecedentes insuficientes, normas lingüísticas débiles y riesgos conocidos. Los municipios contratan. Los contratistas suministran. El Estado define el marco y luego mira hacia otro lado.
Si la infancia fuera objeto de abusos a esta escala en instituciones financiadas con fondos públicos, el país se paralizaría. Se aprobarían leyes de emergencia. Ministros dimitirían. Cuando se viola a mujeres mayores, la respuesta es el silencio, la relativización y la burocracia, como si sus vidas ya no tuvieran el mismo peso que las de los ciudadanos más jóvenes.
No se trata de un problema local. No es una cuestión de personal. No es complejidad. Es una traición nacional. Los delitos están documentados. El patrón está establecido. La responsabilidad es clara.
Y, sin embargo, el sistema se protege a sí mismo, mientras que las mujeres mayores pagan el precio.
RECLAMACIONES FORMALES: LO QUE DEBE HACERSE AHORA MISMO.
Este escándalo requiere una acción inmediata a nivel nacional. No revisiones, directrices ni gestos simbólicos.
1. Comisión Nacional de Crisis.
Una comisión de crisis independiente, designada por el Estado, con plenos poderes para investigar los abusos sexuales en el ámbito del cuidado de personas mayores en todo el país, incluyendo fallos municipales, advertencias ignoradas, la no denuncia de delitos y la responsabilidad de los directivos. Se trata de una emergencia nacional, no de un problema local.
2. Denuncia penal obligatoria por ley
Reforma legislativa inmediata que obligue a denunciar a la policía cualquier sospecha de delito sexual o abuso grave en el cuidado de personas mayores. Ningún margen de discrecionalidad. Sin gestión interna. El incumplimiento de la obligación de denunciar debe acarrear consecuencias legales.
3. Verificación obligatoria y periódica de antecedentes
Verificación periódica y obligatoria por ley de los antecedentes penales de todo el personal que cuida a personas mayores, incluido el ya empleado. Suspensión inmediata sin sueldo cuando surjan acusaciones creíbles, en espera de la investigación.
4. Normas nacionales sobre idioma y competencia.
Requisitos legales de idioma y competencia para toda persona a la que se le conceda acceso íntimo a los residentes de edad avanzada. La comunicación inadecuada es un riesgo para la seguridad y no una cuestión de diversidad.
5. Responsabilidad y sanciones del Estado.
El Estado debe asumir la responsabilidad directa de la supervisión y la aplicación de la ley. La autonomía municipal no puede utilizarse como escudo contra la rendición de cuentas. Los incumplimientos repetidos deben dar lugar a sanciones, la destitución de los responsables y la pérdida de licencias.
Cualquier otra cosa es complicidad.
Cada día de inacción es otra elección institucional. Y se toma a expensas de las mujeres mayores.
