Siempre es interesante ver cómo se rompe una presa. En la última semana, cuando Elon Musk y otros destacados estadounidenses descubrieron el escándalo de las «bandas de captación asiáticas» británicas, la política del Reino Unido ha tenido que enfrentarse de repente a algo que lleva un cuarto de siglo intentando ignorar. Uno se esperaría que la afirmación de que miles de niñas menores de edad han sido violadas en grupo por miles de hombres en ciudades de todo el país fuera un tema de profunda preocupación para nuestros políticos. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? ¿Cómo podemos ayudar a las víctimas y evitar que vuelva a ocurrir?

Pero ninguna sociedad hace preguntas para las que no quiere una respuesta. El lenguaje utilizado sobre este crimen masivo ha sido tímidamente eufemístico. Por ejemplo, «captación» («grooming»). ¿Se puede decir que la niña de Oxford que fue drogada y violada repetidamente por hombres que la amenazaron de muerte y le marcaron las nalgas con la «M» de «Mahoma» fue simplemente «captada»?

¿Y qué hay de «asiáticas»? ¿Han visto estas ciudades un brote de hombres japoneses merodeando en busca de lo que el ex ministro del Interior Jack Straw describió como la «carne fácil» de niñas blancas de clase trabajadora? No, no se han descubierto culpables que respondan a esas características. Estas frases ofuscadoras estaban diseñadas para encubrir el hecho de que los agresores eran casi todos hombres musulmanes de origen pakistaní y sus víctimas casi todas niñas blancas de clase trabajadora seleccionadas por sus agresores debido a su raza.

Algunos políticos valientes, como Ann Cryer, ex diputada laborista por Keighley, se han pasado años intentando llamar la atención sobre este escándalo. Fue recompensada con insultos, oprobio («islamófoba», «racista») e incluso necesitó protección policial. Cuando Sarah Champion, ministra en la oposición de Mujeres e Igualdad bajo el mandato de Jeremy Corbyn, habló en favor de las víctimas de su circunscripción, las organizaciones benéficas «antirracistas» afirmaron que al hacerlo había provocado un «aumento de los abusos racistas verbales y físicos». Al final tuvo que dimitir del gabinete en la oposición.

Andrew Norfolk, del Times, se pasó años siguiendo la historia y entrevistando a las víctimas, al igual que otros periodistas. Pero, en general, el escándalo era demasiado siniestro para la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo porque dejaba al descubierto un problema aún más profundo. Durante décadas en las que nuestro credo nacional era «la diversidad es nuestra fuerza», las bandas de violadores indicaban que la diversidad es, de hecho, un cajón de sastre. Puede aportar algunas ventajas, pero también trae consigo gente que tiene una visión del siglo VII sobre las mujeres y está dispuesta a actuar en consecuencia.

Ahora, demasiado tarde, nuestras impotentes clases política y mediática se han visto obligadas a responder, aunque lo han hecho a su manera habitual: en primer lugar, intentando matar a los mensajeros. Desde Keir Starmer sugiriendo que la indignación por el escándalo tiene que ver en realidad con la «extrema derecha», hasta diputados atacando a Elon Musk, o columnistas afirmando que, puesto que Tommy Robinson hizo campaña sobre este asunto, nadie más lo quería mencionar, estas son las excusas que ofrecen las figuras públicas con la esperanza de que se les excuse por su patética respuesta.

La segunda técnica de distracción es exigir una investigación pública completa. Diputados reformistas y conservadores compiten entre sí por liderar la iniciativa. Los columnistas más curtidos se han unido a ellos. «Yo estoy a favor de una investigación pública completa, ¿por qué tú no?» Qué valentía. Qué liderazgo.

De hecho, ya ha habido muchas investigaciones públicas. Si quieres leer sobre el fracaso policial en Rotherham entre 1997 y 2013, puedes leer el informe sobre la Operación Linden, publicado en 2022. Si quieres informarte sobre los cientos de niñas de Oxfordshire que fueron violadas entre 2005 y 2012 mientras la policía local, el ayuntamiento y los servicios sociales hacían la vista gorda, puedes leer el Informe sobre Casos Graves publicado en 2015. Si quieres hacerte una idea de cómo el miedo a ser tachado de «racista» o «islamófobo» o de perjudicar la «cohesión de la comunidad» impidió durante años que todos los brazos del Estado británico hicieran algo, puedes leer el Informe de Inspección del Consejo de Rotherham (2015) de Louise Casey o su «Review into Opportunity and Integration» (2016). Si de verdad quieres informarte hasta hartarte, también tienes a mano las obras de Alexis Jay.

Personalmente, ya estoy harto del gobierno revisando e investigando. Si algún gobierno o partido político quiere hacer algo acerca del escándalo, tendrá que dejar de revisar y empezar a actuar.

¿Por dónde empezar? Un buen punto de partida sería averiguar por qué los violadores paquistaníes en Gran Bretaña parecen tener más derechos que sus víctimas. Entre 2008 y 2010, una banda de nueve hombres de Rochdale abusó de 47 niñas vulnerables de apenas 13 años. En aquella ocasión, los violadores fueron condenados a penas de entre 4 y 19 años de cárcel. Cinco años después, sólo dos de ellos seguían en prisión. El Ministerio del Interior intentó retirar la nacionalidad británica a cuatro de los hombres que tenían doble nacionalidad. Pero Abdul Aziz (un taxista conocido como «el Maestro») y otros miembros de la banda utilizaron el insoportablemente lento sistema de revisión de justicia e inmigración para renunciar a su ciudadanía paquistaní. En 2018, el Ministerio del Interior le dijo a Aziz que podía quedarse en Reino Unido.

Otros violadores condenados, como Adil Khan y Qari Rauf, cumplieron unos años de cárcel y luego fueron puestos en libertad condicional. Rauf era profesor de religión en una mezquita local y padre de cinco hijos. Traficó una niña entre diez y veinte veces, principalmente utilizando su taxi para llevar a la víctima a un piso de Rochdale, donde fue violada en grupo por él y sus amigos. Rauf fue condenado a seis años de prisión, cumplió dos y medio, y recurrió su expulsión. Lo mismo hizo Khan, alegando que era inocente, que no había cometido «un delito tan grave» y que quería ser un «modelo a seguir» para su hijo, al que quería enseñar a «distinguir el bien del mal».

Khan y Rauf perdieron sus recursos contra la privación de la ciudadanía británica, pero aún así se quedaron en el Reino Unido. Estos hombres sólo podían ser devueltos a Pakistán si este país aceptaba acogerlos y, curiosamente, Pakistán no los quiso, por lo que nos quedamos con ellos. Hasta la fecha, estos hombres han comparecido ante más de 12 jueces de tres tribunales de la Corona, tribunales de inmigración y el Tribunal de Apelación. El contribuyente británico les ha dado más de 550.000 libras (655.000 euros) para financiar sus recursos, aunque eso es sólo una parte de los 2 millones de libras (2.382.000 euros) que hemos dado a varios miembros de las bandas de violadores de Rochdale para que recurrieran contra su deportación.

Una de las víctimas de Khan, que era una niña cuando él la violó, volvió a verlo por casualidad en un supermercado en 2020. «Nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida», dijo. «Sentí como si mi corazón hubiera dejado de latir». Otra víctima describió cómo, cuando vio a uno de sus violadores en el centro de la ciudad, se meó de miedo encima. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, un juez del Tribunal de Sheffield ordenó a una superviviente de una banda de violadores de Rotherham que eliminara de su declaración de impacto sobre la víctima la petición de expulsión de sus agresores. Algunos informes afirman que hasta la fecha no se conoce ningún caso de deportación del Reino Unido de ninguno de estos violadores, aunque otros sugieren que puede haber tres.

¿Qué tal un poco de oprobio o enjuiciamiento de las personas que supervisaron todo esto, o al menos alguna rendición de cuentas? Mientras estaba a cargo del ayuntamiento de Telford en 2016, Shaun Davies firmó una carta al entonces ministro del Interior diciendo que «no creemos en este momento que sea necesaria una nueva investigación» sobre las bandas de violadores en su ciudad. Ahora es diputado laborista por Telford. Shaun Wright, concejal de Rotherham responsable de los servicios para la infancia de 2005 a 2010, pasó a convertirse en Comisario de Policía y Crimen de South Yorkshire.

En 2012, Helen Brayley afirmó que «la obsesión actual por las “bandas de sexo asiáticas” se centra demasiado en una sola dimensión de este delito, lo que hace que el perfil emergente del “captador pakistaní” sea engañoso». Su cargo es ahora Subdirectora de Ejecución Operativa para Menores Solicitantes de Asilo No Acompañados, en el Ministerio del Interior.

En cuanto a la policía, en 2018 el superintendente de West Mercia, Tom Harding, insistió en que la cifra de 1.000 niñas violadas en Telford era ‘sensacionalista’. La revisión independiente la consideró después plausible. Ahora es director de Estándares Operativos en el College of Policing (organismo profesional para quienes trabajan para la policía en Inglaterra y Gales). La investigación de Telford reveló que la policía «no quiere tocar los casos ni con guantes» para evitar ser tachada de racista.

Algunos diputados y periodistas empezarán sin duda a parlotear sobre cómo no podemos deportar a los violadores mientras Gran Bretaña sea miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto también es pura distracción. Italia y Francia son signatarios del mismo convenio inviable, pero cuando tienen que actuar lo hacen y punto. En 2023, el gobierno francés deportó al ciudadano uzbeko de 39 años Mukhsinjon Akhmedov, a pesar de una sentencia del TEDH que prohibía su deportación. El año pasado deportó rápidamente a un imán tunecino que llevaba 38 años en el país. El Ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, declaró que el imán «radical» había hecho «comentarios inaceptables» y que «la firmeza es la norma». El gobierno italiano expulsa cada año a las personas que considera que no contribuyen al bien público.

Gran Bretaña podría continuar siendo un eunuco. O nuestros políticos podrían finalmente encarcelar, castigar, deportar y expulsar. Si lo hacemos, a lo mejor dejamos de ser el hazmerreír de Estados Unidos. Y lo que es más importante, podríamos hacer justicia a miles de víctimas maltratadas que han sido ignoradas durante demasiado tiempo.

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