Los solicitantes podrán trabajar en cualquier sector para ayudar a frenar «el racismo institucional que alimenta la explotación y el odio racista»
España ha comenzado a legalizar a 500.000 inmigrantes indocumentados y a concederles el derecho inmediato a trabajar, en una medida destinada a «luchar contra el avance de la extrema derecha».
Madrid inició oficialmente el proceso el martes, tras un acuerdo de última hora entre el Partido Socialista, en el poder, y el partido de izquierda Podemos, que ha apoyado al Gobierno en minoría de Pedro Sánchez desde las elecciones de 2023.
Un portavoz del Gobierno afirmó: «No solo pretendemos seguir siendo un faro, sino que quiero creer que seremos semilla y germen para luchar contra el avance de esta ola de extrema derecha que intenta ganar terreno y contra la que haremos todo lo que esté en nuestra mano para frenarla».
Podemos afirmó que la legislación ayudaría a desmantelar «el racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista», mientras que el Gobierno presentó la medida como un desafío político al partido de derecha Vox, que ha ido ganando terreno en las encuestas.
En virtud de este programa, los inmigrantes indocumentados, los solicitantes de asilo o aquellos que hayan residido en España durante más de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Quedarán excluidos los solicitantes con antecedentes penales.
Las solicitudes se evaluarán en un plazo de 15 días, tras lo cual los candidatos seleccionados podrán trabajar «en cualquier sector y en cualquier lugar» de España, según Elma Saiz, ministra de Migración.
Santiago Abascal, líder de Vox, acusó al presidente del Gobierno de intentar «reemplazar» a la población española mediante la inmigración masiva.
«Pretende… acelerar la invasión. Debemos detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigraciones», afirmó.
El Partido Popular tachó el anuncio de «cortina de humo» y acusó al Gobierno de intentar desviar la atención del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 45 personas, el más mortífero de España en más de una década.
Al anunciar la aprobación del real decreto, el Gobierno lo calificó como «un día histórico para nuestro país».
«Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración, la convivencia y la compatibilidad con el crecimiento económico y la cohesión social», afirmó la ministra de Migración e Inclusión, la señora Saiz.
«Esto beneficia a los trabajadores, que ganan derechos, pero también a las empresas, que ganan certeza jurídica», añadió.
La política de inmigración de España se ha ido diferenciando cada vez más de la de sus vecinos europeos, ya que países como el Reino Unido, Dinamarca y Alemania han anunciado restricciones más estrictas y medidas más duras contra las solicitudes de asilo.
Este país del sur de Europa ha acogido a millones de migrantes en los últimos años, muchos de los cuales entraron ilegalmente en el país. Una de las rutas más activas es la que va desde África Occidental hasta las Islas Canarias, con decenas de miles de personas que intentan cada año la peligrosa travesía del Atlántico, de 2.000 kilómetros.
Los analistas creen que la afluencia de migrantes ha desempeñado un papel importante en el crecimiento económico de España.
«En general, el análisis del Banco de España sugiere que la inmigración contribuyó en más de un 20 % al crecimiento del PIB per cápita de casi un 3 % durante el periodo 2022-2024», señaló JP Morgan.
De los 468.000 puestos de trabajo creados en toda España en 2024, alrededor de 409.000 fueron ocupados por inmigrantes o personas con doble nacionalidad, muchos de ellos procedentes de América Latina, pero también de África.
Muchos de los que se espera que se beneficien de la política de regularización trabajan en la agricultura, el turismo y los servicios, sectores que han contribuido al crecimiento de la economía española.
La postura liberal del Gobierno se produce a pesar de la creciente popularidad de Vox, que ha respaldado la «remigración».
Esta política aboga por la deportación masiva de inmigrantes a sus países de origen y ha sido defendida por Alice Weidel, líder de la AfD, que ha atacado repetidamente la decisión de Alemania de aceptar a más de 1,2 millones de refugiados en 2015 y 2016.
Abascal ha tratado de utilizar argumentos similares en un intento por impulsar a Vox en las encuestas.
El partido cuenta actualmente con un 18 % de intención de voto, lo que lo sitúa en tercer lugar, ocho puntos por detrás de los socialistas y 13 puntos por detrás de los conservadores, pero ha ganado seis puntos porcentuales desde las elecciones generales de 2023.
2 respuestas
Creo que es justo al contrario: esta medida solo va a conseguir apuntalar el crecimiento de la extrema derecha. Jóvenes y mujeres con dificultades para incorporarse al mercado laboral, personas afectadas por la saturación de los servicios públicos, familias preocupadas por la educación de sus hijos y la influencia de los hijos de los inmigrantes en la bajada de «nivel», van a ver esta medida como un ataque.
Completamente de acuerdo. El resentimiento y el rechazo están servidos. Están creando un polvorín, y no va a acabar bien.