Los activistas LGBTQ+ del estado se han opuesto con éxito al aumento de penas previsto para los adultos que soliciten sexo a menores prostituidos.

En las últimas décadas, los defensores de los llamados «derechos de los trabajadores del sexo», que trabajan para despenalizar el proxenetismo y la compra de sexo, se han unido, al igual que los transactivistas, al movimiento por los derechos de aquellos atraídos por las personas de su mismo sexo. Se trata de una jugada lógica y muy beneficiosa por su parte. Ser vistos como parte de una campaña de justicia social orgullosa y ampliamente respetada, sin duda ayuda a sus intentos de perpetuar el mito de que «el trabajo sexual es trabajo» y «la prostitución es liberadora». Sin embargo, su aceptación en lo que vino a llamarse el movimiento «LGBTQ+» ha sido increíblemente perjudicial para los miembros más vulnerables de la sociedad, y especialmente para las niñas y niños.

Recientemente, en California, por ejemplo, los llamados activistas LGBTQ+ se han opuesto con éxito al aumento previsto de las penas para los adultos que busquen sexo con menores prostituidos.

En abril de este año, la senadora republicana Shannon Grove presentó un proyecto de ley que pretendía convertir en delito grave pedir sexo a un menor o aceptar cualquier forma de comercio sexual con un menor, con penas de cárcel obligatorias y la obligación de registrarse como delincuente sexual para los reincidentes.

«El delito de comprar a una criatura, de cualquier edad, para tener relaciones sexuales en el estado de California debería conllevar un delito de prisión», afirmó Grove. Sin embargo, los activistas LGBTQ+ se opusieron al proyecto de ley alegando «consecuencias imprevistas». Afirmaron que el aumento de las penas para quienes abusen de menores atrapados en el comercio sexual afectará «desproporcionadamente» a la comunidad LGBTQ+.

«Nos preocupa especialmente que el endurecimiento de las penas propuesto en este proyecto de ley afecte de manera desproporcionada a las comunidades marginadas, en especial a los miembros de la comunidad LGBTQ+, que ya sufren prejuicios sistemáticos en el sistema de justicia penal, sobre todo cuando se trata de delitos sexuales», argumentaron los oponentes de Grove al dirigirse a la Comisión de Seguridad Pública sobre los cambios que quieren ver en el proyecto de ley propuesto.

Podría pensarse que endurecer las penas por la compra y venta de menores con fines sexuales es una obviedad, pero estos activistas argumentaron que «los estudios han demostrado que las personas LGBTQ+, en particular los individuos homosexuales y transgénero, tienen más probabilidades de ser acusados de delitos sexuales que sus homólogos heterosexuales». Continuaron afirmando que «las personas LGBTQ+ tienen nueve veces más probabilidades de ser acusadas de delitos sexuales y, por tanto, más probabilidades de ser encarceladas, lo que a su vez conllevará mayores dificultades para encontrar vivienda y empleo».

Francamente, ¿a quién le importa? ¿Por qué demonios habría que hacer una excepción con los maltratadores identificados como LGBTQ+? ¿Es que las criaturas sufren menos cuando son utilizadas y maltratadas por alguien que afirma ser él mismo víctima de discriminación, por la razón que sea?

Al final, el Comité de Seguridad Pública hizo varias enmiendas al proyecto de ley de Grove para complacer a estos activistas que lo debilitaron significativamente.

El proyecto de ley enmendado permite castigar como delito grave buscar sexo con menores de 16 a 17 años sólo cuando se demuestre que el menor en cuestión ha sido víctima de tráfico sexual, y deja a discreción de los jueces acusar de un delito menor o de un delito grave a los acusados de buscar sexo con menores de 15 años, dependiendo de las circunstancias. Además, según el proyecto de ley enmendado, la condena por un delito grave de intento de tener relaciones sexuales con menores puede conllevar penas de cárcel, pero no es obligatorio. También es opcional el requisito de registro de delincuentes sexuales para los reincidentes.

El proyecto de ley debe superar varios obstáculos más antes de ser promulgado. Muchos temen que se diluya aún más y se considere completamente inútil para cuando se convierta en ley, si es que llega a serlo.

¿Quién iba a pensar que en el estado norteamericano de California sería tan difícil proteger a los menores de los hombres que quieren comprarlos para mantener relaciones sexuales?

¿Y por qué la comunidad LGBTQ+ de California trata de enmarcar el alquiler de menores con fines sexuales como parte de una identidad sexual y no como un delito depravado e inexcusable? ¿No debería ser motivo de vergüenza, y no una forma de activismo, el hecho de que algunos miembros de la comunidad -en concreto, los hombres homosexuales- parezcan verse afectados de forma desproporcionada por los intentos de impedir que la gente compre sexo a menores prostituidos? ¿No deberían estos activistas centrar su energía en detener a los homosexuales que abusan de menores en lugar de intentar protegerlos de las consecuencias de sus acciones nocivas?

Desde la inexplicable expansión del movimiento por los derechos de la gente atraída por personas del mismo sexo hasta incluir a los defensores del «trabajo sexual», he visto más y más intentos por enmarcar la prostitución como una expresión de identidad sexual en lugar de como un abuso de los más vulnerables de nuestra sociedad, menores incluidos. Hoy en día, el movimiento parece oponerse a los intentos de sentido común de proteger a la infancia, alegando que la prostitución, y específicamente la prostitución de menores, es una parte integral de la cultura masculina gay y que las medidas contra la prostitución están siendo cooptadas para atrapar y criminalizar a las «personas queer».

Esto es inaceptable. La defensa de la prostitución bajo el paraguas cada vez más amplio del movimiento LGBTQ+ perjudica a mujeres y menores, y hace cada vez más difícil protegerlos de sus agresores. Además, alimenta los viejos intentos de equiparar la atracción de los hombres hacia personas de su mismo sexo con el abuso infantil.

Es necesario replantear los argumentos en torno a la prostitución, tanto dentro del movimiento LGBTQ+ como en la sociedad en general, para que todos podamos ver el comercio sexual como lo que realmente es: la opresión más antigua.

Que haya gente que defienda la despenalización de la prostitución y penas leves para quienes compran sexo a menores, en nombre de la protección de los derechos de los hombres homosexuales y de los que se dicen trans, significa que algo ha salido muy mal en el movimiento por los derechos de lesbianas y gays. Se disfrace como se disfrace, esto no es más que apología del abuso infantil. Hay que contrarrestarlo, tanto en beneficio de la infancia como de las lesbianas y los gays que quieren que el movimiento por sus derechos se divorcie urgentemente de la dañina defensa de la prostitución.

Artículo original