Una mirada a la «guerra» que las autoridades están librando contra los cristianos británicos.
En mayo, The Telegraph publicó un curioso reportaje sobre un grupo de cristianos del suroeste de Londres. No causó mucho revuelo en Internet, pero marcó un cambio en la forma en que nuestras autoridades abordan el activismo religioso.
El Ayuntamiento de Rushmoor, gobernado por el Partido Laborista, había intentado obtener una orden judicial para prohibir a los cristianos no sólo predicar en el centro de dos ciudades, sino también rezar y repartir folletos.
¿Su justificación? Los predicadores eran «ofensivos» y causaban «alarma y angustia» a los transeúntes.
Según los términos de la orden judicial redactada, se prohibiría a los cristianos rezar por nadie «sin su permiso previo», repartir folletos o Biblias, e incluso imponer las manos sobre alguien durante la oración con su consentimiento.
Las restricciones propuestas iban aún más lejos.
Incluían la prohibición de acercarse a la gente para hablarle del cristianismo y predicar sermones considerados «hostiles» hacia cualquier persona con una característica protegida, como la edad, la discapacidad, el cambio de género, el embarazo, la raza, la religión o las creencias, el sexo o la orientación sexual.
Era otro ejemplo de las autoridades dando prioridad a las emociones sobre un derecho humano básico, anteponiendo la supuesta «angustia» a la libertad de expresión, un impulso diríase infantil, nacido bajo la rúbrica del progresismo moderno.
Una orden judicial es una orden civil que puede obligar a alguien a dejar de hacer algo. A diferencia de las órdenes de protección de los espacios públicos (PSPO), que los ayuntamientos pueden emitir directamente para frenar las «molestias», las órdenes judiciales deben ser dadas por un juez.
El Ayuntamiento de Rushmoor, bajo el liderazgo laborista de Gareth Williams, optó por lo segundo, intentando utilizar la legislación como arma para silenciar a los predicadores de una forma que no habíamos visto antes.
Si un juez hubiera concedido la orden judicial, los cristianos que la infringieran podrían haber sido condenados a hasta dos años de cárcel.
Esta conducta paradójicamente paternalista y a la vez intimidatoria no ha sido exclusiva de los políticos del Partido Laborista.
El mes pasado, el Kingsborough Centre, una iglesia pentecostal, logró revocar la PSPO del Ayuntamiento de Hillingdon, liderado por los conservadores, que había criminalizado gran parte de su actividad de divulgación.
En 2023, el Ayuntamiento de Hillingdon y su líder, Ian Edwards, impusieron una PSPO en el centro de la ciudad de Uxbridge. La orden prohibía a los grupos religiosos predicar con altavoces, repartir folletos e incluso mostrar versículos de la Biblia en público.
Incumplir una PSPO es un delito penal. Uno se arriesta a ser detenido, a recibir una multa inmediata de 100 libras (116 euros) e incluso a penas de prisión si se niega a pagar (en cuyo caso la multa puede ascender a 1000 libras).
Quizás lo más llamativo es que estas órdenes pueden tener una duración de hasta tres años y se pueden prorrogar indefinidamente.
Cuando los ministros introdujeron las PSPO en 2014 en virtud de la Ley contra el Comportamiento Antisocial, la Delincuencia y la Policía, muchos las justificaron alegando problemas con el consumo de alcohol en la vía pública, los excrementos de perro y la mendicidad agresiva.
Lo que no dijeron es que las autoridades locales las utilizarían más tarde para reprimir la expresión religiosa y censurar el discurso en los espacios públicos.
Por nombrar algunas, los ayuntamientos de Birmingham, Leicester, Leeds y Blackpool tienen actualmente PSPO activas que prohíben de una forma u otra predicar en la calle.
Y todo esto está ocurriendo en un contexto que algunos han calificado de «justicia de doble rasero».
Tomemos como ejemplo al minero John Steele, de 60 años. El mes pasado, la policía lo detuvo por haberle hecho una pregunta a una mujer musulmana sobre el Corán y la violencia doméstica.
Cuando se negó a dar sus datos, los agentes lo llevaron a la comisaría de Rotherham, donde, según se informa, fue detenido, se le tomaron las huellas dactilares y se le hizo un frotis de ADN.
Se supone que fue acusado en virtud del artículo 5 de la Ley de Orden Público de 1986, que tipifica como delito el uso de lenguaje amenazante o abusivo que pueda causar «acoso, alarma o angustia».
Posteriormente, la Fiscalía desestimó el caso, alegando que «no era necesario para el interés público».
Luego está el caso del pastor cristiano Dia Moodley.
En marzo del año pasado, la policía de Avon y Somerset detuvo a Dia por «acoso agravado por motivos religiosos sin violencia» por hablar de las diferencias morales entre el cristianismo y el islam en respuesta a una pregunta de un hombre musulmán.
Dia también expresó su creencia de que Dios creó a los seres humanos como hombres y mujeres y que, por lo tanto, el sexo es binario.
Poco después, un miembro del público lo agredió. Sin embargo, el arrestado fue Dia, y la policía lo detuvo durante 13 horas. Los agentes también destruyeron cuatro de sus carteles, incluido uno con un versículo de la Biblia.
La policía finalmente archivó la investigación en octubre de 2024.
Luego está el infame caso de David McConnell.
En junio de 2021, la policía lo arrestó en virtud del artículo 4A de la Ley de Orden Público de 1986 por «insultar» a un miembro del público en el centro de la ciudad de Leeds. Había «malgenerizado» a un hombre que se identificaba como «mujer trans».
Antes del arresto, Dave había sido agredido, insultado y le habían robado sus pertenencias mientras predicaba. Aun así, fue él el procesado.
Fue condenado en un tribunal de primera instancia, se le ordenó pagar 620 libras esterlinas (717 euros) en concepto de costas y se le impuso una pena de 80 horas de servicios comunitarios.
Antes de dictarse la sentencia, el Servicio de Libertad Condicional lo remitió al Equipo Conjunto Antiterrorista. Se cree que David fue el primer predicador condenado por un delito de este tipo y señalado como posible «terrorista».
No fue hasta marzo de 2023 cuando finalmente se anuló su condena.
La lista de ejemplos es interminable.
Otros nombres a tener en cuenta: Hatun Tash, Ian Sleeper, Angus Cameron, John Dunn, Shaun O’Sullivan, David Lynn, Mike Overd, Don Karns, Mike Stockwell, AJ Clarke y Hazel Lewis, todos ellos casos ocurridos en los últimos años.
Sin embargo, la terrible experiencia a la que sometió la policía de Northamptonshire al concejal conservador Anthony Stevens pone realmente en contexto el nivel de sesgo político.
En agosto de 2023, la policía detuvo a Anthony en su casa, delante de su familia, no por algo que hubiera dicho, sino por algo que había retuiteado.
La publicación se refería a un vídeo en el que se criticaba el trato que la policía había dado al predicador cristiano Oluwole Ilisanmi, detenido por la Policía Metropolitana de Sir Sadiq Khan (alcalde de Londres, laborista) en Southgate, Londres, en 2019.
Durante esa detención, un agente le arrebató la Biblia al Sr. Ilisanmi tras acusarlo de «islamofobia». Ilisanmi recibió posteriormente una indemnización de 2500 libras (2.892 euros) por detención indebida.
Anthony simplemente había compartido el vídeo porque, en sus propias palabras, era «una prueba inquietante de la discriminación religiosa en la aplicación de la ley».
Según se informa, la policía le dijo a Anthony que el tuit original había sido publicado por un miembro de Britain First (Gran Bretaña Primero, grupo de extrema derecha). Anthony dijo que no tenía ni idea de quiénes eran, pero que eso no cambiaba nada.
Los agentes lo tuvieron detenido durante nueve horas bajo sospecha de «incitar al odio racial» en virtud del artículo 19 de la Ley de Orden Público de 1986, un delito que conlleva una pena máxima de siete años de prisión, todo ello por un retuit.
La policía finalmente archivó el caso en diciembre, dos meses después.
De hecho, el desequilibrio palpable se extiende, por supuesto, al Gobierno central.
Como señaló Hardeep Singh, periodista independiente y subdirector de la Red de Organizaciones Sij, en The Critic en marzo de 2024, la discriminación contra los cristianos se trata con mucha menos seriedad que la discriminación contra los musulmanes o los judíos.
Para empezar, las cifras del Ministerio del Interior para 2022/23 registraron 609 delitos de odio «percibidos» contra cristianos, casi el 10 % del total. Sin embargo, ¿cuándo se ha oído a un político de un partido mayoritario condenar enérgica y sistemáticamente la «cristianofobia»?
Nick Tolson, exasesor del Gobierno en materia de religión, dijo a Singh:
«Los delitos contra las iglesias se suelen considerar delitos normales, salvo que se demuestre lo contrario, mientras que los delitos contra otras comunidades religiosas se consideran delitos de odio, salvo que se demuestre lo contrario».
En otras palabras, si se comete un acto de vandalismo contra una iglesia cristiana, no se da por sentado que esté motivado por el odio. En cambio, si se trata de un acto de vandalismo contra una mezquita, sí se considera así.
Esta visión del mundo suele quedar patente en la cobertura de los medios principales: basta con ver cómo informó la BBC sobre los actos de vandalismo contra un cementerio y una mezquita. Estas noticias se publicaron con dos meses de diferencia.
Tolson también destacó la disparidad en la financiación gubernamental de los programas de protección religiosa, señalando que «a menudo son los [grupos religiosos] que más gritan los que obtienen la financiación del Gobierno».
Durante los disturbios entre hindúes y musulmanes en 2022, muchos hindúes británicos expresaron su frustración por el hecho de que los mandirs de Leicester y Birmingham fueran objeto de actos de violencia por motivos religiosos.
A pesar de las amenazas y los ataques a múltiples templos hindúes en toda la región de Midlands, ninguna mezquita fue atacada en represalia.
Sin embargo, en los meses siguientes, el Gobierno asignó más de 100 millones de libras esterlinas (11.573.000 euros) específicamente para proteger las mezquitas.
Esto puede ser debido a mis fallos como investigador, pero después de revisar X y Facebook, no pude encontrar ni un solo ejemplo de la policía británica arrestando a un predicador musulmán por incitar al odio o causar alarma o angustia.
Los únicos dos casos vagamente relacionados fueron los arrestos de Anjem Choudary en 2006 y Abu Haleema en 2021, ambos por delitos relacionados con el terrorismo, no por predicar en público.
Es una observación algo burda, pero si este tipo de tiranía se hubiera infligido a las comunidades musulmanas en lugar de a las cristianas, da la sensación de que no lo habrían aceptado sin más.
Desde luego, no lo hicieron cuando circularon rumores falsos sobre «matones de extrema derecha» que querían darles caza durante las protestas y los disturbios del verano pasado.
