Una lesbiana miembro del grupo LGBTQ de un Ayuntamiento gana un caso de discriminación tras ser sancionada por sus opiniones «transfóbicas» sobre el perro de un compañero de trabajo.

Los responsables de un Ayuntamiento deberán pagar a una trabajadora social lesbiana más de 63.000 libras (75.625 euros) por haberla sancionado por tener «opiniones desagradables» sobre el perro «de género fluido» de un colega.

Elizabeth Pitt fue denunciada ante los responsables del consejo del condado de Cambridgeshire por hacer comentarios supuestamente transfóbicos durante una reunión en vídeo con el «grupo LGBTQIA+» de ese Ayuntamiento el año pasado.

Un tribunal de trabajo escuchó que Pitt hizo los comentarios después de que un colega dijera que identificaba a su perro salchicha como «de género fluido» y que le había puesto un vestido a la mascota para suscitar el debate. Pitt y otra colega lesbiana fueron denunciadas por comentar la revelación en un «tono realmente agresivo», en el que expresaron opiniones consideradas «no inclusivas y transfóbicas».

Los responsables del Ayuntamiento prohibieron a Pitt ponerse en contacto con miembros del grupo o asistir a sus reuniones. En respuesta, la trabajadora social demandó a la autoridad local por discriminación y acoso por sus supuestas opiniones críticas de género.

El tribunal respaldó la demanda de Pitt y concedió a la trabajadora social más de 55.000 libras por daños y perjuicios y 8.000 libras en concepto de costas. El juez también recomendó al Ayuntamiento que modificara la formación de su personal para incluir un apartado sobre «libertad de creencia y expresión en el lugar de trabajo».

Pitt y su colega también fueron criticadas por haber hecho comentarios negativos sobre «las mujeres trans que participan en deportes femeninos y comparten espacios femeninos».

Las pruebas presentadas ante el tribunal demostraban que los compañeros habían mostrado su disconformidad con las «opiniones desagradables» de Pitt y que habían presentado una queja formal. En una reunión con directivos del Ayuntamiento, Pitt negó haber sido agresiva, pero aceptó que podía ser «directa». Dijo que el propósito del grupo era debatir ese tipo de temas.

Los directivos elaboraron un informe escrito en el que se describía que Pitt había sido «percibida como no inclusiva y transfóbica». En la reunión interna también se determinó que la trabajadora social había «causado una ofensa significativa» y había sido «particularmente inapropiada e imprudente».

A Pitt se le dijo que sus comentarios habían tenido un «impacto perjudicial en la salud mental y el bienestar de los denunciantes». Se le prohibió ponerse en contacto con el grupo LGBTQIA+ y asistir a sus actos.

Esta medida llevó a Pitt a recurrir al procedimiento formal de quejas del Ayuntamiento, alegando que sus responsables no habían explicado «por qué se ha decidido que había un problema con la forma en que se expresaron mis creencias». Pitt argumentó que la reacción del Ayuntamiento ante su expresión de creencias críticas de género constituía legalmente acoso y discriminación directa.

Los responsables del Ayuntamiento aceptaron que sus opiniones críticas de género equivalían a una «creencia filosófica», pero argumentaron que la forma en que ella y su colega «decidieron promover sus puntos de vista» había sido «agresiva y beligerante».

En su sentencia, el juez Paul Michell declaró que el tribunal estaba de acuerdo con el abogado de Pitt en que las pruebas demostraban «inequívocamente» que «al menos parte del motivo» de la conducta del Ayuntamiento hacia ella eran sus «creencias críticas de género». Pitt fue indemnizada con casi 30.000 libras por pérdida de ingresos y 22.000 libras por daños y perjuicios, más intereses.

Michell recomendó a los responsables del Ayuntamiento que incluyeran un apartado sobre libertad de creencia y expresión en el lugar de trabajo en la formación obligatoria del personal en los próximos seis meses.

Un portavoz del Ayuntamiento declaró que el objetivo de la autoridad era «crear un entorno de trabajo seguro, integrador y compasivo, y reconocer que esto debe equilibrarse con el derecho de todos a expresar sus propias opiniones y creencias». El portavoz añadió: «Reflexionaremos detenidamente sobre este resultado final, además de emprender una revisión de nuestras políticas y procedimientos en consecuencia».

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