Mujeres británicas en los tribunales por abortos.

Dos mujeres pueden acabar en la cárcel por abortar: una de ellas obtuvo las píldoras de un proveedor autorizado. Los médicos advierten sobre el efecto «negativo» que resultará de un aumento en las investigaciones policiales sobre las libertades reproductivas de las mujeres en el Reino Unido.

El viernes, una mujer de 25 años se declaró inocente ante el Tribunal de la Corona de Oxford de un solo cargo de administración de veneno con la intención de provocar un aborto espontáneo. Estaba acusada de haberse “administrado ilícitamente un veneno u otra cosa nociva, concretamente, Misoprostol”.

Se alega que tomó el fármaco, que es una de las dos píldoras que los médicos abortistas recetan juntas de forma rutinaria, en enero del año pasado. El delito, tipificado en una ley victoriana, la Ley de Delitos contra las Personas de 1861, conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. A la mujer, madre de un niño pequeño, se le dijo a través de un intérprete que será juzgada en febrero del próximo año.

Esta semana, otra mujer comparecerá ante magistrados en Staffordshire acusada de feticidio en virtud de la Ley (Preservación) de Vida Infantil, que data de 1929. La mujer había obtenido píldoras del Servicio Británico de Asesoramiento sobre Embarazos (Bpas, en sus siglas en inglés) durante el confinamiento, bajo una legislación que se introdujo durante la pandemia y que permitía a las mujeres embarazadas de hasta diez semanas recibir píldoras abortivas por correo para tomarlas en casa después de una consulta a distancia.

En marzo, la ley del aborto en casa, que antes tenía un límite de tiempo de dos años, se volvió permanente cuando los parlamentarios votaron a favor de una enmienda al Proyecto de Ley de Salud y Atención.

Después de tomar las pastillas, la mujer dio a luz un feto de 28 semanas y fue denunciada a la policía. Después de la audiencia inicial, el caso se enviará al Tribunal de la Corona de Stoke. Si es declarada culpable, la mujer también puede ser sentenciada a una pena máxima de cadena perpetua.

Diferentes médicos han escrito al fiscal jefe del país pidiéndole que deje de llevar a las mujeres a los tribunales por interrumpir sus embarazos, mientras aumentan las investigaciones policiales sobre abortos.

El Dr. Edward Morris, presidente del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, es uno de los médicos, abogados y trabajadores de organizaciones benéficas que firmaron una carta dirigida a Max Hill QC, fiscal general, en la que se afirma que “nunca es de interés público acusar a las mujeres que interrumpen su propio embarazo”.

“Estos procesamientos pueden disuadir a las mujeres que experimentan abortos espontáneos e incompletos de buscar tratamiento cuando sea necesario”, dijo Clare Murphy, directora ejecutiva de Bpas. “Algunas mujeres inmigrantes que no tienen derecho al aborto financiado por el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), pueden pensar que acceder ilegalmente a las píldoras abortivas es su única opción. Si estas mujeres acuden al hospital y necesitan ayuda, ¿se debe llamar a la policía o estas mujeres deben recibir atención médica y apoyo sin temor a que sean denunciadas?”.

Dijo que los datos sugieren que los casos penales recientes son «solo el comienzo de un aumento en la criminalización de las mujeres en circunstancias muy complejas y difíciles», y agregó que «es abominable que 160 años después, mujeres vulnerables deban sufrir una legislación redactada en un mundo que es irreconocible para nosotros hoy.”

El Servicio de Fiscalía de la Corona ha recibido una carta de la organización benéfica y considerará los problemas planteados con carácter de urgencia.

Según un análisis del Sunday Times de los datos del Ministerio del Interior, once mujeres fueron denunciadas ante la policía el año pasado en Inglaterra y Gales acusadas de aborto ilegal. Esto es un aumento de siete en 2020, ocho el año anterior y solo dos en 2018.

En total, 52 mujeres han sido denunciadas a la policía desde 2015. Las cifras no incluyen los últimos seis meses, ya que los datos del Ministerio del Interior aún no están disponibles para 2022.

La carta a Hill, que también ha sido firmada por Jemima Olchawski, directora ejecutiva de The Fawcett Society, Frances O’Grady, secretaria general de TUC (asociación de sindicatos del Reino Unido), y Justine Roberts, fundadora de Mumsnet, entre otros, pide “cesar todos los procedimientos actuales y no presentar cargos futuros contra mujeres o niñas que interrumpen un embarazo o experimentan la pérdida de un embarazo”.

Los médicos han expresado su preocupación de que un aumento en las investigaciones policiales tenga un efecto «negativo» en las libertades reproductivas de las mujeres en el Reino Unido en un momento en que están siendo restringidas en los Estados Unidos con la revocación de Roe v Wade, el fallo de la Corte Suprema que daba a las mujeres el derecho al aborto.

Jonathan Lord, director médico de MSI Reproductive Choices UK, que ofrece métodos anticonceptivos y aborto, y un ginecólogo consultor de Royal Cornwall Hospitals NHS Trust dijo que, en algunos casos, las mujeres se encuentran bajo sospecha después de sufrir un aborto espontáneo natural o muerte fetal por haber considerado el aborto anteriormente.

Una de sus pacientes, dijo, fue detenida por la policía durante 36 horas en el hospital justo cuando le daban el alta, en lugar de permitirle hacer duelo y recuperarse de la operación de emergencia de la noche anterior.

A otra paciente, una niña de 15 años, le confiscaron el teléfono después de un parto de feto muerto, aislándola de sus amigos y familiares. Se pasó más de seis meses esperando para saber si la iban a denunciar o no.

“Eso es abuso infantil institucional, en realidad”, dijo. “Se le retiró todo el apoyo social cuando más lo necesitaba.»

“La verdad es que no me puedo creer que en Gran Bretaña en 2022 se ponga bajo sospecha, se investigue, se incaute del teléfono y el ordenador portátil y se tenga que pasar la mayor parte del año, incluso más en algunos casos, sin saber si se va a ser acusada de un delito que conlleva cadena perpetua”.

El miedo a ser denunciadas si luego sufren la pérdida de un embarazo puede dejar a las mujeres demasiado asustadas como para siquiera hablar sobre la interrupción de un embarazo no deseado, dijo Lord, mientras que la incautación de teléfonos, lo que describió como «registro corporal digital», deja a los médicos incapaces de comunicarse con sus pacientes y de ofrecerles cuidados postoperatorios.

“El hecho de que hayan venido a una clínica de abortos no significa que van a terminar teniendo uno”, agregó. “Así que usar evidencia de una búsqueda en Google contra alguien, creo, es profundamente siniestro”.

Charlotte Proudman, una de las abogadas que firmó la carta a Hill, dijo que está considerando presentar una demanda contra el gobierno bajo las leyes de derechos humanos, argumentando que “la legislación actual viola los derechos humanos de las mujeres”.

Los miembros del parlamento han pedido al gobierno que cambie la ley, de modo que el aborto se regule como una intervención para la salud y se elimine de los códigos penales, como ya ocurre en Irlanda del Norte.

“El aborto es, ante todo, un asunto de asistencia sanitaria que debe tratarse como tal”, dijo la diputada laborista Stella Creasy, y agregó que “tener una razón criminal para acceder a un servicio de atención médica conduce a resultados horribles, donde traumatizamos aún más a mujeres vulnerables”.

Dijo que está “decidida a convertirlo en ley, un derecho humano [el acceder al aborto]”.

La diputada laborista Diana Johnson dijo que ella también “ha abogado desde hace mucho tiempo por la despenalización del aborto, eliminando lo que es esencialmente un asunto de asistencia sanitaria entre una mujer y su médico de la ley penal”.

“Por supuesto, la despenalización no significa la desregulación del aborto”, agregó. “Creo que el público británico no quiere que se denuncie a las mujeres y los médicos por culpa de una ley victoriana, cuando la medicina y la opinión pública han avanzado tanto”.

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