Con el sistema judicial del Reino Unido recortado hasta el límite, las fuerzas religiosas conservadoras están ocupando un espacio que el Estado está dejando vacante.
Pragna Patel es miembro fundadora de Southall Black Sisters y Project Resist, grupo de defensa de las mujeres pertenecientes a minorías.
El 1 de junio de 2024 se inaugurará en Londres el primer tribunal sij del mundo. Esto exige nuestra urgente atención. Durante muchos años, yo -como codirectora de Project Resist y antigua directora de Southall Black Sisters (Hermanas Negras de Southall)- junto con grupos como One Law for All (Una Ley para Todos) hemos hecho campaña contra el crecimiento de los tribunales religiosos porque creemos que están ligados a una ola de fundamentalismo religioso que atenta contra los derechos y libertades de las mujeres.
En 2015, nos organizamos contra la creación de los consejos de sharia y el tribunal de arbitraje musulmán, que seguían el modelo de los tribunales Beth Din judíos, por la amenaza que suponían para nuestro sistema jurídico laico. Nos preocupaba que otras religiones minoritarias insistieran en que el Estado se adaptara a sus propias normas y ordenamientos jurídicos. Nuestro temor no ha tardado en hacerse realidad.
El tribunal sij se creó aparentemente para contrarrestar la supuesta falta de experiencia de los tribunales laicos en la comprensión de las sensibilidades culturales y religiosas en torno a la resolución de disputas familiares y civiles. Compuesto por unos 30 magistrados y 15 jueces -muchos de los cuales son mujeres-, el tribunal utilizará una combinación de mediación y arbitraje para presidir los litigios familiares y civiles de la comunidad sij. Los jueces, por supuesto, se supone que son imparciales, pero estos jueces juzgarán de acuerdo con los principios sijs que ellos mismos han definido.
Pero no ha habido ningún debate transparente y democrático ni consulta pública sobre la necesidad de un tribunal de este tipo -especialmente con las mujeres sijs- ni sobre lo que constituyen los principios sijs.
El uso de leyes religiosas para regular la vida de las mujeres pertenecientes a minorías no sólo es discriminatorio, sino inmensamente perjudicial en un contexto en el que los malos tratos domésticos y los feminicidios relacionados con ellos de mujeres sudasiáticas y de otras minorías siguen siendo persistentemente elevados.
El tribunal se presenta a sí mismo como un organismo profesional, cuasi jurídico, dispuesto a atenerse a las normas jurídicas formales de actuación. Pero hasta ahora, los portavoces que justifican su existencia han indicado una agenda mucho más preocupante.
El 25 de abril de 2024, Baldip Singh, fundador y portavoz del tribunal sij, señaló la supuesta incapacidad de los tribunales laicos para tener en cuenta los valores religiosos en un caso relativo a una mujer sij divorciada que, como cuidadora principal de su hijo pequeño, apoyó su decisión de cortarse el pelo desafiando los deseos del padre (su ex marido). La postura representa una lucha por la preservación de los derechos del padre que se hace eco de una batalla ideológica más amplia, librada por hombres maltratadores, sobre la parcialidad de los tribunales de familia en su contra. La demasiado familiar exigencia de respeto a los valores religiosos, independientemente de las circunstancias, es un preocupante precedente patriarcal.
El tribunal afirma que abordará los casos de «violencia doméstica de bajo nivel», así como los problemas de «control de la ira, ludopatía y abuso de sustancias», ante todo a través de la mediación. Si la mediación no da resultado y las partes están de acuerdo, se puede llevar el caso ante un juez del tribunal sij, que puede dictar una sentencia jurídicamente vinculante en virtud de la Ley de Arbitraje de 1996. Nos preocupa cómo se obtendrá el consentimiento de las mujeres y quién define la violencia doméstica de «bajo nivel».
Cuando muchas mujeres pertenecientes a minorías intentan escapar de los malos tratos, se ven sometidas a presiones y coacciones para que guarden silencio y toleren esos malos tratos en aras de mantener intacta su unidad familiar. Su situación de profunda desigualdad, unida a un reparto desigual del poder sobre el conocimiento de los derechos legales, hará aún más difícil que rechacen los intentos de mediación, o que se quejen cuando se tomen decisiones contrarias a sus intereses. El sistema jurídico formal del Reino Unido permite a las mujeres obtener asesoramiento jurídico y representación legal de conformidad con el Estado de Derecho y los principios de equidad. Por imperfecto que sea, contrasta fuertemente con los tribunales religiosos.
En mi propio trabajo, he visto a muchas mujeres pertenecientes a minorías recurrir a este tipo de sistemas de mediación comunitaria, no por elección, sino por miedo al estigma, al aislamiento e incluso a repercusiones violentas. Las mujeres me han contado que en esos tribunales tienen todas las de perder, y que los líderes religiosos las culpan de los abusos a los que han sobrevivido o esperan que los soporten, a pesar de los graves riesgos.
A una mujer que pidió el divorcio de su marido maltratador le dijeron que era su deber ser «paciente» con él, y que recibiría justicia en la otra vida. A otra la obligaron a mediar con su marido, controlador y maltratador, a pesar de que había obtenido una orden de protección de un tribunal laico que le impedía el contacto con sus hijos debido a su violencia. «Si los líderes religiosos traen sus leyes, ¿a dónde podemos huir?», me preguntó una mujer con la que trabajé.
Por ese motivo, creo que muchas mujeres sijs se habrían opuesto a la creación del tribunal sij si se les hubiera consultado. El propio tribunal afirma que su objetivo es complementar un sistema judicial cada vez más sobrecargado, falto de recursos y sujeto a largos retrasos. Esa necesidad es evidente, ya que los sucesivos gobiernos han recortado la asistencia jurídica y han promovido en su lugar servicios informales y lo que en esencia son servicios privados de mediación en asuntos de familia. Pero las fuerzas religiosas conservadoras están ocupando el espacio dejado por el Estado.
Los derechos de las mujeres pertenecientes a minorías están en peligro en el Reino Unido. Estamos asistiendo a un aumento del número de casos de maltrato doméstico y a una grave falta de acceso al asesoramiento jurídico, lo que se traduce en un aumento sin precedentes del número de mujeres vulnerables que actúan como litigantes en persona. Y ahora tenemos la perspectiva de un crecimiento descontrolado de tribunales religiosos que no rinden cuentas y que pueden tomar decisiones muy arbitrarias y potencialmente discriminatorias que sirven para socavar los derechos de las mujeres a la protección, la igualdad y la no discriminación consagrados en la ley. No nos queda más remedio que luchar para impedir que la Ley de Arbitraje de 1996 sea utilizada por las autoridades religiosas para socavar los derechos de las mujeres.
Pragna Patel es miembro fundadora de Southall Black Sisters y de Project Resist, grupo de defensa y campaña de las mujeres negras y pertenecientes a minorías.
