Nos estamos desintegrando
Ha pasado casi un año desde la masacre de Southport (artículo en español). Aquella soleada mañana, grabada para siempre en la infamia, en la que Axel Rudakubana cometió los salvajes y depravados asesinatos de tres niñas en una clase de baile en la ciudad costera de Merseyside. Desencadenó los peores disturbios contra los inmigrantes que ha visto Gran Bretaña en tiempos modernos, alimentados por las falsas afirmaciones de que Rudakubana era musulmán y solicitante de asilo en patera. Pero para cualquiera que hubiera prestado atención, las semillas de esos horribles disturbios se habían sembrado mucho antes.
Antes de que Southport, Middlesbrough, Rotherham y muchas otras ciudades se sumieran en una violencia nihilista el verano pasado, con protestas pacíficas tomadas por racistas y oportunistas que intentaban incendiar hoteles de inmigrantes y lanzar botellas y ladrillos contra mezquitas, había muchos indicios de que algo estaba a punto de estallar.
En Knowsley, también en Merseyside, en febrero de 2023, unos alborotadores aprovecharon una protesta frente a un hotel que albergaba a solicitantes de asilo y la convirtieron en una revuelta. La protesta se convocó después de que, supuestamente, un migrante hiciera proposiciones sexuales a una adolescente en la calle. Este detalle fue por supuesto omitido en gran parte de la cobertura de los principales medios de comunicación, a pesar de que los medios locales lo habían cubierto y la policía lo estaba investigando. La verdadera culpa, según afirmaron piadosamente las cadenas de televisión, recaía en la «desinformación».
Este patrón se repite una y otra vez. Un delito violento o sexual presuntamente cometido por un migrante provoca tensiones, mientras que los medios de comunicación y los políticos se hacen los tontos. Lo volvimos a ver el mes pasado en Ballymena, donde el intento de violación oral de una niña por parte de dos chicos romaníes rumanos fue seguido de días de disturbios, que primero se dirigieron contra las casas de los presuntos violadores y luego se convirtieron en una ira racista indiscriminada, que también se cebó con migrantes inocentes. Es desgarrador que los miembros de la próspera comunidad filipina de la zona colocaran carteles en sus puertas con la bandera británica y las palabras «Aquí vive un filipino», con la esperanza de librarse de la carnicería.
La verde ciudad comercial de Epping, en Essex, es el último lugar en estallar. El jueves por la noche se celebró una protesta frente al Bell Hotel, donde se alojan migrantes desde 2020. La semana pasada, un residente etíope del Bell fue acusado de tres delitos de agresión sexual, un delito de incitación a una niña a participar en actividades sexuales y un delito de acoso sin violencia. Había llegado al país en patera apenas ocho días antes.
Lo que comenzó como una protesta pacífica el jueves por la noche, según señala el Evening Standard, fue posteriormente «secuestrada». Después de que aparecieran unos cuantos contramanifestantes enmascarados y la policía antidisturbios intentara separarlos de los manifestantes del hotel, se produjo la ya familiar refriega, con jóvenes enfrentándose a la policía, trepando por encima de las furgonetas policiales y arrancando los retrovisores de una patada. Cuando la policía intentó huir, atropelló a un manifestante.
Las cosas ya se habían puesto feas en Epping el domingo pasado. Tras otra protesta frente al hotel, dos miembros del personal de seguridad del Bell fueron agredidos, en lo que la policía está tratando como un ataque «agravado por motivos raciales». A principios de esta semana, aparecieron pintadas en las ventanas del hotel con mensajes como «Vete a casa», «Esto es Inglaterra» y «Muere». Los migrantes que residen en el hotel también han denunciado que han recibido puñetazos y gritos en la calle.
Entonces, ¿qué ha provocado este miedo, este odio y esta violencia en otra ciudad británica? Como es natural, los principales medios de comunicación han sugerido que todo forma parte de una insurgencia fascista. Un informe precipitado de la BBC sobre la protesta del jueves por la noche (ya corregido) afirmaba que había «400 miembros de grupos de extrema derecha» presentes. Al parecer, se esperaba que creyéramos que todos los asistentes eran nazis de verdad y que la BBC había tenido tiempo de verificar su afiliación.
No sería de extrañar que algunos de los desechos de la patética y marginal extrema derecha británica decidieran explotar las protestas de Epping para sus propios fines racistas y violentos. Pero la tendencia a presentar estos disturbios como organizados por grupos fascistas, que dirigen los acontecimientos, simplemente no se ve respaldada por las pruebas disponibles. Sirve a dos propósitos, ninguno de ellos bueno.
El primero, por supuesto, es demonizar las preocupaciones genuinas sobre el asilo, la migración y la seguridad que están llevando a la gente a salir pacíficamente a las calles, preocupaciones que comparten muchas personas en todo el país que nunca se les ocurriría provocar disturbios, enfrentarse a la policía o amenazar a migrantes inocentes o al personal de los hoteles.
Nuestros superiores morales se niegan a aceptar que permitir la entrada ilegal en el país de hombres sin controlar, antes de alojarlos en una bulliciosa calle comercial, pueda suponer siquiera un riesgo leve. Weyman Bennett, veterano agitador del grupo Stand Up To Racism (Levántate contra el Racismo), afiliado al Partido Socialista de los Trabajadores, que participó en la contramanifestación del jueves, declaró a la BBC que «Gran Bretaña es un país pacífico en el que se debe permitir a las personas dedicarse a sus asuntos sin ser atacadas». Con sombría ironía, esta cita aparece debajo de dos párrafos que señalan las agresiones sexuales presuntamente cometidas por el solicitante de asilo etíope. (No creo que eso fuera a lo que se refería Weyman).
La segunda razón por la que recurren a la palabra que empieza por «f» es para presentar la violencia que estalla en estas protestas como algo más explicable, más digerible, como ataques orquestados por maquiavélicos ultraderechistas o, al menos, avivados por sus fábricas de mentiras en las redes sociales. En realidad, lo que parece estar ocurriendo es, en cierto modo, más escalofriante. Un estallido orgánico de conflicto étnico, aunque sea entre una parte infinitesimal de la sociedad, cuya violencia une a los británicos en su oposición contra ellos.
Sin duda, eso fue lo que ocurrió después de Southport. Cuando unos delincuentes comenzaron a intentar incendiar hoteles para inmigrantes mientras bloqueaban las salidas de emergencia, o a establecer controles de carretera sólo para blancos, el primer ministro Keir Starmer se apresuró a achacar estos hechos a agitadores de «extrema derecha», traídos en autobús desde muy lejos, que provocaban disturbios en «una comunidad que no era la suya». Pero esta narrativa se ha ya desmoronado. Como concluyó en mayo un informe de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad: «La mayoría de los delincuentes vivían cerca de los lugares donde se produjeron los disturbios. Descubrimos que fueron principalmente individuos descontentos, influencers o grupos los que incitaron a la gente a actuar violentamente y a participar en los disturbios, y no facciones criminales o extremistas. Y que, en su mayoría, no tenía nada que ver con su ideología o sus opiniones políticas».
La derecha permanente en línea tenía su propio negacionismo sobre los disturbios. Muchos ´no conseguían reconocer, y mucho menos condenar abiertamente, el despreciable racismo en nuestras calles, incluso cuando jóvenes enmascarados con barras de metal rompían ventanas en zonas de inmigrantes, gritando «aplastad a los pakis», como si hacerlo fuera un regalo para los woke. Pero más trascendental es el negacionismo de la clase gobernante: su negativa a examinar las políticas que han destrozado la cohesión social y la confianza pública; su desprecio por las preocupaciones razonables de la mayoría pacífica, lo que ha permitido que algo mucho más oscuro se agite entre una minoría pequeña pero violenta.
¿Por dónde empezar? Está nuestra tóxica combinación de inmigración masiva, migración ilegal descontrolada y casi nula integración. Está el proyecto de auto-odio nacional en el que llevamos décadas inmersos, enfureciendo a los británicos patriotas que ven cómo se celebra todas las culturas menos la suya, mientras se priva a la sociedad en general de una historia que podría unirnos a todos. Está nuestro Estado multicultural, que institucionaliza la diferencia, tratándonos no como ciudadanos, sino como bloques étnico-religiosos, a los que se vigila e incluso se condena en diferentes grados, supuestamente por el bien de las «relaciones raciales». Están nuestras élites identitarias, que insisten en que nos veamos a nosotros mismos en términos raciales, pero que luego se horrorizan al descubrir que algunos británicos blancos están empezando a verse precisamente en esos términos. Está la influencia opresiva de la corrección política, que llevó a los políticos y a la policía a hacer la vista gorda ante la violación de niñas pobres por parte de hombres en su gran mayoría musulmanes pakistaníes, por miedo a que les insultaran. Podríamos seguir. Y seguir.
Nos estamos desintegrando, en todas partes. Lo vemos no sólo en los disturbios posteriores a Southport o en las protestas frente a los hoteles de inmigrantes. También en las batallas callejeras entre hindúes y musulmanes que se libraron en Leicester en 2022, desencadenadas por un partido de críquet entre India y Pakistán. Lo vimos en los disturbios de Harehills, solo 11 días antes de la masacre de Southport, donde esta comunidad de Leeds, increíblemente diversa, muy desfavorecida y en gran parte de origen extranjero, estalló en llamas cuando los servicios sociales intentaro llevarse a menores romaníes. Y lo vimos en los jóvenes musulmanes armados y encapuchados que tomaron las calles de Bordesley Green, en Birmingham, en medio de los disturbios de Southport, amenazando a los equipos de televisión y golpeando salvajemente a un hombre inocente a las puertas de un pub.
El asilo, en particular, se está convirtiendo en el tema decisivo de nuestra época globalizada, hipermóvil y cada vez más devastada por la guerra. Y, sin embargo, la forma en que nuestra negligente clase dirigente lo ha gestionado parece casi diseñada para generar conflicto social. Las comunidades más empobrecidas del Reino Unido se han visto obligadas a soportar la carga de la crisis de las pateras, simplemente porque las habitaciones de hotel allí son más baratas, mientras se ignoran las preocupaciones sobre la delincuencia, la seguridad y la integración. No hace falta ser un fanático intolerante para reconocer que algunos de los jóvenes dispuestos a entrar ilegalmente en un país, sin pasar por ningún control, y que languidecen durante años viviendo de limosnas y empleos en el mercado negro, podrían cometer otros delitos. Tampoco hace falta tener un doctorado en cohesión social para reconocer que la llegada de personas procedentes de culturas más misóginas y violentas a un país que no está interesado en integrarlas generará miedo, tensión y riesgos muy reales para los ciudadanos.
El escándalo de la filtración de datos afganos, finalmente revelado esta semana tras años de secreto oficial, es la señal más clara hasta ahora de la mezcla de desprecio, negligencia y simple incompetencia con la que la administración trata la cuestión del asilo. Hasta 100 000 afganos se vieron expuestos a un grave peligro cuando se filtró una lista con los datos de los solicitantes de asilo tras la retirada fallida de las fuerzas occidentales en 2021, que circuló por Internet sin ser detectada durante 18 meses, con el riesgo de caer en manos de los talibanes. Entonces, cuando el Ministerio de Defensa se dio cuenta de su error potencialmente fatal, puso en marcha un apresurado plan de evacuación para los afectados, trasladando a miles de afganos al Reino Unido, que aterrizaron en bases de la RAF en mitad de la noche antes de ser llevados a ciudades británicas sumidas en la pobreza. A continuación, solicitó una superorden judicial para mantener en la ignorancia a los medios de comunicación, los miembros del Parlamento y los votantes.
Esta superorden judicial, sin precedentes en la historia política británica, se justificó con el argumento de proteger a los afganos expuestos, dado que habían cooperado con la temeraria ocupación occidental de 20 años. Aunque eso fuera cierto al principio, está claro que no fue la única motivación para que los gobiernos conservador y laborista mantuvieran esta atrocidad democrática durante dos años. Los miembros del gabinete recibieron un informe privado el pasado mes de octubre en el que se señalaba que «15 de los 20 principales focos de disturbios» durante las revueltas del verano pasado «se encuentran entre el 20 % de los municipios con el mayor número de solicitantes de asilo y de afganos reubicados». A principios de este mes, una nota informativa de Whitehall subrayaba que el Gobierno tendría que «mitigar cualquier riesgo de disturbios públicos tras el levantamiento de la orden judicial».
Es un ejemplo clásico de cómo el Estado británico moderno aviva las tensiones con la excusa de calmarlas. En lugar de defender públicamente este plan de asilo, permitiendo a los votantes y a sus representantes examinarlo, expresar sus preocupaciones u oposición, o siquiera conocerlo, los ministros siguieron adelante en secreto. Sin duda, porque el tipo de controles y medidas de seguridad necesarios para llevar a cabo algo así, aunque contaran con cierto apoyo público, habrían sido imposibles en el contexto de la evacuación de miles de personas por parte del Estado en medio de un pánico ciego. Y así, comunidades ya tensas y desfavorecidas se encontraron de repente con más recién llegados en su seno. El hecho de que esto pudiera haber sido uno de los detonantes de los disturbios del verano pasado no parece haber conmovido al Gobierno. La necesidad de una mejor gestión de la información y una mejor «mitigación» de los riesgos es la única conclusión que parecen haber sacado.
Esto no beneficia a nadie. De hecho, el sistema de asilo se ha vuelto tan desquiciado y disfuncional —incapaz de erradicar incluso a los probables delincuentes peligrosos— que está poniendo en peligro tanto a los migrantes como a los ciudadanos. ¿Recuerdas a Abdul Ezedi, (artículo en español), el afgano al que se le concedió el asilo en su tercer intento, a pesar de haber cometido una serie de delitos sexuales tras su llegada, y que acabó atacando con ácido a una mujer refugiada y a sus hijos? ¿O a Ahmed Alid, el solicitante de asilo marroquí que se sintió tan inspirado por el pogromo de Hamás del 7 de octubre que apuñaló a su compañero de piso iraní, también solicitante de asilo, antes de asesinar a un anciano británico en la calle? Otro hotel para migrantes en Epping, el Phoenix en North Weald Bassett, fue incendiado en marzo. Ocho días después, los bomberos también acudieron a un incendio afortunadamente mucho menor en el Bell, donde se produjeron las protestas del jueves por la noche. La policía ha detenido a un hombre como sospechoso de provocar ambos incendios. Rawand Abdulrih parece haber sido residente del Bell.
Lo único que parece capaz de detener las protestas en Epping es el tiempo. Las lluvias torrenciales del sábado las han cancelado, pero el sol del domingo ha propiciado protestas aun más multitudinarias. Al igual que el Gobierno parece estar a merced de los elementos en lo que respecta a la constante procesión de pateras que cruzan el canal, con un flujo y reflujo de llegadas dictado más por las estaciones que por la acción del Gobierno, lo mismo ocurre con los disturbios en nuestras calles, que los políticos no pueden entender, y mucho menos sofocar. ¿Cómo iban a hacerlo? Es precisamente la incompetencia de nuestros gobernantes, sus doctrinas fallidas, su desprecio por las preocupaciones del público, lo que nos ha llevado a esta situación oscura y peligrosa.
